La propuesta de una nueva reforma laboral en Colombia ha suscitado preocupaciones y críticas contundentes por parte de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), quien advierte que dicha iniciativa podría resultar en un aumento drástico de las indemnizaciones por despidos, perjudicando así la empleabilidad, desacelerando el desarrollo económico y marginando a los sectores laborales más vulnerables del país.

El gremio ha emitido un comunicado señalando que este proyecto, en su intento de modificar las políticas laborales existentes, peca de ser una continuación de errores pasados que condujeron al fracaso del anterior intento de reforma en el Congreso de la República. En opinión de la Acrip, esta nueva propuesta no aborda de manera efectiva los principales desafíos del mercado laboral colombiano, como el desempleo y la informalidad, y en cambio, se enfoca en una minoría de trabajadores con contratos formales.

Además, destacan que la aplicación de esta reforma podría llevar a una reducción en la producción debido al incremento en los costos laborales. Además, podría resultar en modificaciones o reducciones en los horarios de atención al público, sin proporcionar incentivos claros para aumentar la productividad laboral.

Respecto al aumento considerable en las indemnizaciones por despidos injustificados. Según la Acrip, estas podrían duplicarse, triplicarse e incluso cuadruplicarse, dependiendo de la antigüedad del trabajador, llegando a 60 días por cada año subsiguiente al primero para empleados con una década de antigüedad. Este cambio, según la Federación, podría incentivar a los empleadores a despedir a los trabajadores antes de que alcancen los 10 años de servicio, lo que va en contra de prácticas laborales anteriores.

El informe también advierte que estas modificaciones podrían tener consecuencias negativas para las micro y pequeñas empresas, ya que los costos asociados a un proceso judicial de reintegro podrían ser abrumadores para estos empresarios. Se estima que los costos mínimos, incluyendo salarios, prestaciones sociales y gastos judiciales, podrían ascender a aproximadamente 50 millones de pesos.