Laboralistas analizan si el piso de protección social supone una reforma laboral.

El Gobierno expidió el Decreto 1174 del 2020, con el que reguló el acceso y operación del piso de protección social para quienes mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica.

A raíz de la polémica que ha generado el mencionado decreto, algunos lo han señalado como una reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

En medio de esto, entra el Decreto 1174 de 2020. Este establece básicamente que las personas que ganan menos de un salario mínimo pueden cotizar a pensión, mientras siguen perteneciendo al régimen subsidiado en salud (el mal llamado “Sisben”) o como beneficiarios. Los independientes también pueden hacerlo de manera voluntaria.

¿Quiénes ganan menos de un salario mínimo?
Pues las personas que no tienen una jornada legal completa de trabajo. Es decir, quienes trabajan menos de ocho horas al día, 48 a la semana o 205 (aproximadamente) al mes. También, las personas que se mueven en el rebusque y que no alcanzan a ganar al menos un salario mínimo.

Salió el decreto y los gritos.

El ministro Cabrera a defenderse: “Aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica, contarán ahora con un mecanismo de protección social”.

De los 22 millones de personas económicamente activas, “hay trece millones de personas que no están cotizando ni salud ni pensión”, dijo el ministro.

También, “Cada día vemos que el país se está envejeciendo”.

Las centrales obreras a atacar: “El decreto en la práctica lo que hace es una reglamentación a los efectos de que el trabajo por horas, que ya se venía aplicando en el país, tenga una mayor aplicación...”, dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la CUT en entrevista a RCN.

Y continuó: “el problema de fondo radica en que las nivelaciones en materia de justicia deben ser hacia arriba y no hacia abajo…”. “Es volver al país un país de menesterosos, es decir, cualquier cosa con tal de no morir de hambre…”.

Como yo lo veo, ambas posiciones son válidas.

Ahora, más que nunca tal vez, el gobierno necesita plata. Hay trece millones de personas que no cotizan a seguridad social. Si esos trece millones cotizan sobre cien mil pesos, es decir, aportan 15% sobre sus ingresos, que es lo que establece el decreto, estarán aportando quince mil pesos mensuales. Es decir, el estado estaría recibiendo mensualmente $195.000 millones que no está recibiendo actualmente.

¿Cómo no va a ser esto bueno?
Y no solo para el gobierno, sino para todos los colombianos. Lo que dice el presidente de la CUT, también tiene sentido. Legalizar la informalidad es normalizarla. Todos los esfuerzos del gobierno deberían estar enfocados en que nadie devengue menos de un salario mínimo. Aceptar esta realidad minimiza un poco el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas o peor, rebaja lo que consideramos digno y justo.

Yo soy de los prácticos. La informalidad en el país lleva décadas sumando colombianos a sus filas. Aun cuando la misión es que todo el mundo tenga un trabajo digno en el que se le pague al menos el salario mínimo, la realidad es que no se ha logrado en lo que llevo de vida y al parecer no se va a lograr por mucho tiempo.

Si esto aporta unos recursos actualmente inexistentes a Colombia y permite a las personas que ganan menos de un mínimo tener un ahorro para la vejez, de pronto conviene sacrificar un poco el deber ser que nunca ha sido y que, viendo cómo vamos, nunca va a ser.